| Fallo le permite quedarse en EE. UU. |
|
|
|
| miércoles, 30 de enero de 2008 | |
|
Una sentencia a favor de un inmigrante guatemalteco puede servir de precedente para la legalización de cientos de indocumentados originarios de Guatemala y El Salvador bajo amenaza de deportación en Estados Unidos. En noviembre recién pasado, la Corte del Noveno Distrito determinó que Hugo Leonel Chaly García podía pedir asilo en EE. UU. sin requisitos adicionales. Chaly, residente en Portland, Oregon, ingresó en EE. UU. en 1987, y solicitó asilo el 31 de enero de 1991, pero no llenó la tarjeta de registro del programa ABC. En 1990, EE. UU. determinó que los solicitantes de asilo, especialmente de Guatemala y El Salvador, debían inscribirse en el llamado American Baptist Church, o acuerdo ABC. En el 2003, las autoridades le respondieron que no podía optar a asilo, y empezaron las diligencias para su deportación. Apoyo legal Ante ello, Chaly, respaldado por el grupo no gubernamental —Immigrant Law Group—, demandó a Michael B. Mukasey, fiscal general, y a Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interior. En el fallo, el jurado, presidido por la jueza Mary Schroeder, señaló: “Los acusadores no programaron el proceso de entrevista o procesaron la aplicación de asilo del acusado por más de 12 años”. “Durante esos 12 años, el acusado solicitó seis veces autorización de empleo, identificándose como beneficiario de ABC en cuatro de sus formularios. Los acusadores aprobaron cada una de sus seis solicitudes y los reportes gubernamentales (...) identificaron su categoría como grupo especial: ABC”, según el fallo. La Corte del Noveno Distrito dijo que la tarjeta de ABC era opcional, y que no era necesario llenar un formulario, en tanto que se cumpliera con el trámite de solicitud. Los requisitos del programa ABC eran haber ingresado en EE. UU. entre el 1 de octubre de 1990 y el 31 de diciembre de 1991, haber pedido asilo antes de diciembre de 1994 —en el caso de inmigrantes guatemaltecos— y carecer de antecedentes penales. Sin asilo político José Ucelo Gómez y Ana Maricela España no tuvieron la misma suerte de Chaly, pues un panel de tres jueces de la Corte del Segundo Distrito, con sede en Manhattan, rechazó en noviembre recién pasado su petición para obtener asilo político. El argumento de Ucelo, de 37 años, y de España, 29, es que su riqueza los haría blanco de la delincuencia en Guatemala. Según los oficios 04-4184 y 04-4185, la solicitud de asilo de esos guatemaltecos, radicados en Connecticut, “estaba basada en la pertenencia a un grupo social compuesto por guatemaltecos adinerados que sufren persecución alimentada por rivalidad de clases en una sociedad empobrecida”. El panel denegó la apelación, por no encontrar indicios de que hubiera una amenaza real contra Ucelo, empleado de un restaurante, y España, cuidadora de niños. Ahora, ambos se enfrentan a un juicio de deportación. |







